Mois : janvier 2017

Picado por su aislamiento en el continente africano, Marruecos intentó parasitar las organizaciones regionales, en especial la Comunidad de Estados Sahelo-saharianos (CEN-SAD) organización creada por Gadafi en 1998. 

La CEN-SAD cuenta con 28 miembros (Bénin, Burkina Faso, Républica centrafricana, Comores, Chad, Costa de Marfil, Djibouti, Egypto, Erytrea, Gambia, Gana, Guinea, Guinea-Bisau, Liberia, Libia, Mali, Marruecos, Mauritania, Niger, Nigeria, Sao Tome y Principe, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudan, Togo, Tunez).

Según Mohamed Benhammou, presidente del Centro Marroquí de Estudios Estratégicos, en declaraciones recogidas por la revista Jeune Afrique, « la CEN-SAD es la mejor herencia de Gadafi ». « La diplomacia marroquí conducida por Salaheddine Mezouar se propone ser uno de los motores de la CEN-SAD con el objetivo de contrarrestar al rival argelino y preservar los intereses de Marruecos en el Sáhara Occidental », añade el citado magazine. 

Según una nota confidencial de la diplomacia marroquí, para los estrategas marroquíes, « en el plano político, la CEN-SAD es la única organización que ofrece un espacio de apertura regional » a Marruecos. « Esta organización, que reune a 24 países africanos cuya mayoría pertence a la zona sahelo-sahariana, constituye el Caballo de Troya para imponerse en la zona saharo-seheliana y abortar las maniobras de Argelia tendentes a excluir a Marruecos de los procesos que conciernen a esta zona estratégica. Es imperativo salvaguardad la existencia de esta organización, involucrarse en ella y hacer de ella un instrumento del posicionamiento de Marruecos sobre todas las temáticas que interesan al continente », añade la nota.

Por esta razón, Marruecos se mojó en la reanimación de la organización preferida del difunto líder libio. El 11 de junio del 2012, acogió su reunión de ministros de asuntos exteriores y se comprometió a acoger su cumbre en 2014, pero acabó renunciando cuando la Unión Africana decidió el 27 de Julio del 2014 nombrar al ex-presidente mozambicano, Joachim Chissano, representante especial para el Sáhara Occidental.

En ese momento, Rabat decidió tocar a las puertas de la propia organización panafricana para conseguir una suspensión o expulsión de la RASD. Un mes después, Rabat ofreció dos millones de dólares al Senegal, su vanguardia y puesto avanzado en la ofensiva marroquí en Africa, para la adquisición de material para la seguridad de la 15ª Cumbre de la Francofonía celebrada en Dakar. Ese donativo sellará la alianza de los dos países contra la RASD.

Dos años más tarde, el presidente senegalés Macky Sall obtiene la firma de 27 países solictando la suspensión de la RASD. Una moción es presentada durante las labores de la 27 Cumbre de la UA celebrada en Kigali. El presidente de turno, el chadiano Idris Deby ignoró la carta que recibió del Rey de Marruecos. La UA dejó claro que si Marruecos desea incorporarse a la organización debe solicitarlo oficialmente después de haber adoptado y ratificado su acta constitutiva.

En noviembre, ante la presencia de la bandera de la RASD y su asiento vacío, Marruecos se retira de la Cumbre Afro-Arabe de Malabo, con la esperanza de que sus aliados africanos le sigan y de esta manera lanzar un mensaje de amenaza a la organización africana. Sólo seis países del Golfo se unieron a él en su protesta. Este fracaso condujo Rabat a tirar la toalla, aceptar las condiciones de la UA y sentarse junto a la RASD en espera de conseguir sus objetivos desde el interior de la organización continental africana.

Por lo tanto, como dijo el presidente saharaui, la decisión marroquí de incorporarse a la UA es el fruto de los sucesivos fracasos de Marruecos en su tentativa de imponer sus condiciones.

El conflicto en el Sáhara Occidental carga el estigma de la geopolítica desde su inicio. En realidad, es posible afirmar que la geopolítica impregna todo lo que se relaciona a la cuestión de la independencia en el Sáhara Occidental, teniendo en cuenta que el tema se ha inserido sistemáticamente en la agenda de seguridad de las grandes potencias, influyendo y siendo influenciado por cálculos militares y por la estrategia y construcción de amenazas -lo que contribuyó significativamente con su permanente ímpase-. La propia Misión de Paz para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso), creada en 1991 y encargada de realizar una consulta de autodeterminación que hasta hoy no se ha concretado, es incapaz de imponer un mandato de monitoreo de los derechos humanos por cuenta del persistente veto de Francia, una de las principales aliadas de Marruecos –que a su vez ocupa militarmente el territorio desde 1975- en el Consejo de Seguridad de la ONU.

En contra de la tendencia liberal predominante que tiene por objetivo comprender la etapa actual del conflicto únicamente por la óptica de la misión de paz o bien a través de los esfuerzos de negociación y construcción de medidas de confianza , en este breve artículo valoramos la geopolítica como factor explicativo y necesario para cualquier reflexión o tomada de decisión política sobre la resolución de ese conflicto que ya dura cuarenta años.

La geopolítica de los recursos naturales

Localizado en la región del Magreb árabe, al noroeste de África, el Sáhara Occidental es el único territorio africano cuya descolonización aun está pendiente, lo que le hace figurar, en el ámbito de Naciones Unidas, como territorio no-autónomo. Alcanzando un área de cerca de 266.000 km2 en pleno desierto saharaui, el territorio es rico en recursos naturales, con una de las más grandes reservas de fosfatos del mundo, al lado de la extracción de mineral de hierro, pesca y arena. En los últimos años, también han crecido las especulaciones sobre su potencial en reservas de petróleo y gas natural.

El condicionamiento del Sáhara Occidental a una verdadera geopolítica de los recursos naturales es bastante antigua y remite a la llegada oficial de los españoles en 1884, en pleno periodo de reparto de África por las potencias europeas. La seguridad del territorio para fines de interiorización, exploración económica y colonización del pueblo autóctono (bereberes nómadas) estuvo garantizada por su asimilación progresiva a la Corte española : en 1884, se alegó utis posidetis sobre el territorio en la Conferencia de Berlín, asegurando el derecho de ocupación contra ataques externos ; en 1885, el territorio ascendió a la condición de protectorado español ; y en 1957, tras perder una guerra contra el recién-independiente Marruecos, el gobierno español cambió el estatuto jurídico del territorio, que dejó de ser colonia para convertirse en una provincia española, también conocida como “Sáhara Español”.

Con la creación del Frente Popular de Liberación de Saguía el Amra y Río de Oro (Frente Polisario) en 1973 y el surgimiento del movimiento nacionalista saharaui, sumado al cuadro de crisis del régimen franquista en España, se iniciaba el camino para la descolonización. En 1975, sin embargo, el rey de Marruecos, Hassan II, tenía un plan geopolítico que transformaría el destino de los saharauis [1]. Tras la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) estableciendo que no había “ningún lazo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y el reino de Marruecos” (CIJ, 1975:100), Hassan actuó rápidamente para garantizar que las “rentas estratégicas” de la Guerra Fría le favorecieran. Inició un lobby político en Estados Unidos con el objetivo de garantizar apoyo de aquel país en caso de guerra, presentando el movimiento nacionalista como una amenaza a los intereses de Estados Unidos en la región.

El primado de la geopolítica luego mostró las cartas. En la mañana siguiente al pronunciamiento de la CIJ, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, informó al presidente Gerald Ford sobre la evolución de la situación : “Marruecos está amenazando con una marcha masiva en el Sáhara Español. La CIJ dio una opinión que decía que la soberanía había sido decidida entre Marruecos y Mauritania. Eso es básicamente lo que Hassan quería” (Mundy, 2005 [2]). Habiendo claramente distorsionado la decisión final de la CIJ, Kissinger pasó a presionar España para que aceptara una solución favorable a Marruecos. En el día 6 de noviembre de 1975, Hassan II inicia la llamada “Marcha Verde”, que reunió alrededor de 350 mil marroquíes para apropiarse del Sáhara Occidental, representando un acto simbólico de “reconquista”. Mauritania también decidió invadir el territorio y, a partir de ese momento, se inició el periodo de guerra que duró hasta 1988, año en que se firmó el alto-fuego [3].

Con la ocupación militar marroquí, el reino encontró una causa para garantizar la estabilidad del régimen y hacerlo viable económicamente. Las inversiones billonarias para la explotación de recursos naturales del Sáhara Occidental convirtieron a Marruecos en uno de los más grandes exportadores de fosfatos del mundo. Se estima que, apenas en el 2013, haya sido exportadas 2,2 millones de toneladas de fosfatos del Sáhara Occidental –un valor que representa alrededor de 330 millones de dólares (WSRW, 2014). Diversas empresas multinacionales operan en el territorio ocupado, con actividades de prospección, extracción y comercialización de los recursos naturales en detrimento de los intereses del pueblo autóctono, lo que constituye una violación de diversos dispositivos jurídicos internacionales como la IV Convención sobre Derechos y Costumbres de la Guerra en Territorios y sus Anexos, el artículo 33 de la IV Convención de Ginebra de 1949 y el artículo 16 de la Carta de Naciones Unidas sobre Derechos y Deberes Económicos de los Estados, de 1974. La geopolítica de los recursos se mostró aun más evidente cuando, en el 2015, periodistas denunciaron que la pre-candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, estaría recibiendo donaciones de cerca de cinco millones de dólares para su campaña a través de la OCP, estatal marroquí que controla una de las mayores minas de fosfatos del Sáhara ocupado (NCR, 2015).

Como uno de los principales aliados de Estados Unidos en el mundo árabe, Marruecos ha recibido un significativo apoyo económico y militar, en razón de sus agendas de seguridad y tácticas geopolíticas, que se convierte en rentas estratégicas para que la monarquía persista con su política de ocupación del territorio saharaui. Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos temían una expansión soviética en África Subsahariana y convirtiese el Sáhara Occidental en un centro de irradiación de los ideales socialistas. Por lo tanto, no solo era importante que mantuviesen la monarquía estable en aquel periodo, sino que también aseguraran que el Sáhara Occidental se hiciera independiente, por la “amenaza” que representaba a sus intereses. Eso explica en gran medida porque, entre 1975 y 1990, Marruecos obtuvo más de 1/5 del auxilio total de Estados Unidos para África, siendo más de mil millones de dólares en asistencia militar y 1,3 billones de dólares en asistencia económica (Zoubir, 2010:985).

Con el fin de la Guerra Fría, la “amenaza” no dejó de existir, sino que cambió de rotulo, cuya característica actual es la Guerra Global contra el Terrorismo, liderada por Estados Unidos desde el 2001. La región del Magreb árabe pasa por una reconfiguración de sus dinámicas de seguridad desde que Estados Unidos empezaron a invertir en iniciativas contraterroristas, como la Pan-Sahel Initiative (2001) y el Trans-Sahara Counterterrorism Partnership (2005), con el objetivo de derrotar a Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQIM) y otras organizaciones terroristas regionales, como el Boko Haram. Fortaleciendo las capacidades coercitivas de regímenes regionales, sobretodo de Marruecos, esas medidas, con su perspectiva esencialmente militarista, repercutieron negativamente y alimentaron, paradójicamente, grupos que se radicalizaban como respuesta a la represión policial interna de determinados regímenes del Magreb y del Sahel.

En esa dinámica, el reino de Marruecos pudo aprovecharse una vez más de las rentas estratégicas de la geopolítica global, construyendo mayores barreras para el proceso de independencia y corroborando la construcción de un imaginario (geo)político en el que los saharauis son percibidos como amenaza y los campamentos de refugiados, como un espacio no-gobernado que fomenta actividades de trafico y reclutamiento por organizaciones terroristas locales.

Pese la presión internacional cada vez más grande para que Marruecos se retire del territorio y acabe con la explotación de los recursos naturales, la estrategia utilizada por el reino como intento de desviar la atención de los problemas internos de su país (paro, represión, pobreza, etc.) y de la comunidad internacional, con tal de conquistar apoyo a la anexión del territorio, se ha dado en gran medida a través del mecanismo de adjetivación del movimiento saharaui como terrorista4.

La propaganda ideológica del reino de Marruecos, denunciada por muchos académicos y periodistas [4], es difundida por agencias de noticias y think tanks reputados. Un titular de la revista Time, por ejemplo, afirma : “Hay una nueva amenaza terrorista emergiendo en el Sáhara Occidental, y el mundo no está prestando atención” (Time, 2004). De modo semejante, un titular del periódico The Washington Post declara : “Afiliada de Al Qaeda tensiona sus músculos en el Magreb” (The Washington Post, 2011), en referencia a los campamentos del Sáhara Occidental ; y en el think tank Carnegie Endowment, vemos el título de la siguiente investigación : “Hirviendo descontentamente en el Sáhara Occidental” (Boukhars, 2012).

Ese imaginario político, adherido por algunos de los principales centros de tomada de decisión de Occidente, es extremamente contraproducente para cualquier esfuerzo de reconciliación. Como argumenta la antropóloga Kristina Isidoros :

“Los Saharauis son notables por observar un islam pacífico y una tradición literaria milenaria. Ellos son el grupo menos probable de querer estar involucrado con alguna ‘entidad de Al Qaeda’ porque su objetivo principal es el de conquistar derechos internacionales aceptables. (…) Cualquier involucración con ‘fundamentalismo extremo’ y ‘terrorismo’ devastaría sus posibilidades de alcanzar su derecho internacional y de retornar a su tierra. (…) Aún, mientras refugiados habitando campamentos, ellos están bajo una extrema observación publica por centenares de visitantes extranjeros como funcionarios humanitarios, políticos y académicos.” (Isidoros, 2010:65)

Cualquier decisión política para avanzar el proceso de independencia del Sáhara Occidental debe llevar en cuenta la configuración geopolítica que ha propiciado la prolongación del conflicto a un permanente ímpase. Aunque la Minurso aun sea relevante para la manutención del alto-fuego y de la estructura de apoyo humanitario, la ONU ha agotado todas las posibilidades de una reconciliación con base en la negociación y concesión mutua entre las partes, el Frente Polisario y Marruecos. Apenas una visión realista basada en las dinámicas locales e internacionales del poder dan cuenta del hecho que los actuales esfuerzos diplomáticos de la ONU terminaron por beneficiar el reino de Marruecos y su infraestructura millonaria de explotación de los recursos naturales saharauis, además de la urbanización e integración crecientes de la sociedad en territorio ocupado a la monarquía.

Mientras tanto, los saharauis que sueñan con la independencia permanecen susceptibles a ese gran juego de estrategias políticas cruzadas. En ese sentido, las alternativas políticas para el fin del conflicto pasan necesariamente por el activismo de la sociedad civil de cada país en el mundo, presionando sus respectivos gobiernos a reconocer la independencia saharaui y prohibiendo empresas de participar de actividades de prospección, explotación y comercialización de los recursos naturales del territorio ocupado, que constituye una violación del derecho internacional.

Lejos de idealizadas, tales iniciativas siguen una tendencia establecida que ya ha surtido efectos bastante positivos para los saharauis. Apenas por dar un ejemplo reciente, el Frente Polisario acabó de ganar una batalla judicial en el tribunal europeo que excluye el territorio ocupado del acuerdo comercial entre Marruecos y la Unión Europea. Según explica la sentencia, sobre la formulación del acuerdo, el Consejo Europeo “debería haber asegurado que no habría indicios de una explotación de los recursos naturales del territorio del Sáhara Occidental bajo control marroquí que pudiese ser realizado en detrimento de sus habitantes y en violación a sus derechos fundamentales” (El País, 2015).

Pese al vibrante movimiento alrededor del mundo de resistencia no-violenta, los saharauis no descartan la opción de retomar el conflicto armado, en la medida en que hay una sensación de frustración creciente por la marginalización y el silenciamiento frente al mundo. Así, resta la concientización política de una sociedad civil solidaria e involucrada con la independencia saharaui, que presione sus gobiernos para revertir ese cuadro de crisis humanitaria.

Rodrigo Duque Estrada es investigador en el Programa de Posgrado en Relaciones Internacionales “San Tiago Dantas” (Unesp, Unicamp, PUC-PSP) y miembro del Grupo de Estudios sobre Conflictos Internacionales (Geci-PUC). Contacto: rodpanzera@gmail.com.

[1] Tras la independencia, con el reino extremamente fragmentado, la élite marroquí vio la necesidad de centralizar el poder bajo el sultán Mohamed V, que estaba alineado con los intereses de las potencias occidentales. Entre los partidos políticos marroquíes se destaca el ultranacionalista Istqlal, que redefinió las fronteras políticas del país con el proyecto geopolítico expansionista del “Gran Marruecos”. El nuevo territorio pasaría a abarcar, según el proyecto, un pedazo de Argelia y otro de Mali, toda la Mauritania y el Sáhara Occidental. Como los demás países ya habían se constituido como Estados independientes, la usurpación del Sáhara se ha convertido en el principal eje de la política exterior marroquí.

[2] Traducción libre y grifo del autor.

[3] Entre el final de 1975 y el inicio de 1976, millares de saharauis fueron forzados a buscar refugio fuera del territorio por los ataques aéreos marroquíes con bombas de napalm y fósforo blanco –lo que culminó con la muerte de millares de personas. Los saharauis encontraron refugio en la ciudad de Tindouf, sureste de Argelia, donde construyeron los campamentos de refugiados que los abriga hasta hoy. Mauritania se retiró del conflicto en 1979 por cuenta de la fragilidad interna del país.

[4] Ver, por ejemplo, Conrad (2014) y Isidoros (2010).

REFERENCIAS

BOUKHARS, Anouar. Simmering Discontent in the Western Sahara. Paper para el Carnegie Endowment for International Peace, 2012.

CONRAD, David. Nowhere Land : After 40 years of fighting in the desert for their unrecognized country, the people of Western Sahara may be on the cusp of collapsing into extremism — and it could be the thing that saves them. Foreign Policy, 2014. Disponible en: https://foreignpolicy.com/2014/06/25/nowhere-land/

EL PAÍS. La justicia europea anula um pacto comercial com Rabat por el Sáhara. Artigo de Lucía Abellán, 11/12/2015. Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/10/actualidad/1449767752_201741.html

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders : Western Sahara. Disponible en: http://www.icj cij.org/docket/files/61/6197.pdf. Acceso en 2/11/12.

ISIDOROS, Konstantina. Western Sahara and the United States’ geographical imaginings. Concerned Africa Scholars : US militarization of the Sahara-Sahel Security, Space & Imperialism, Boletim nº 85, Primavera 2010, p. 63-71.

MUNDY, Jacob. How the US and Morocco seized the Spanish Sahara. Le Monde Diplomatique, 2006. Disponible en: http://mondediplo.com/2006/01/12asahara. Acceso en 2/11/12.

NATIONAL CATHOLIC REPORTER. Hillary Clinton, phospates, and the Western Sahara. Artículo de Stephen Zunes, 12/05/2015. Disponible en : http://ncronline.org/blogs/ncr-today/hillary-clinton-phosphates-and-western-sahara

THE WASHINGTON POST. Al-Qaeda affiliate flexing its muscles in the Maghreb. Artículo de Jennifer Rubin, 06/11/2011. Disponible en : https://www.washingtonpost.com/blogs/right-turn/post/al-qaeda-affiliate-flexing-its-muscles-in-the-maghreb/2011/11/05/gIQANMbDqM_blog.html

TIME. There’s a New Terrorist Threat Emerging in Western Sahara, and the World Isn’t Paying Attention. Artículo de de Per Liljas, 08/08/2014.

WESTERN SAHARA RESOURCE WATCH. P for Plunder : Morroco’s exports of phospates from occupied Western Sahara, 2012 & 2014. WSRW Report. Junio, 2014.

ZOUBIR, Yahia. The United States and Maghreb-Sahel Security. International Affairs, nº 85:5, 2009, p. 977-995.

Ritimo

El despotismo político se basa en una función específica de la monarquía, en el corazón de la organización colectiva de los intereses dominantes. La combinación de monopolio económico y monopolio político, utiliza los recursos tradicionales y modernos de legitimación para asegurar las bases de apoyo necesarias para mantener su dominación.

La monarquía es el vehículo esencial para la consolidación y la interpenetración de los intereses de los diferentes segmentos de la clase dominante, y su alianza con el capitalismo internacional, en particular francés. Esta realidad no ha cambiado prácticamente desde la independencia de Marruecos, a pesar de la presencia cada vez más significativa de capitales españoles y del Golfo.

Las empresas del CAC 40 (índice bursátil marroquí) reciben un tratamiento preferencial para todo lo concerniente a las cadenas de subcontratación en automoción, electrónica, aviación, turismo, agroindustria, ferrocarriles, tecnología de la información y comunicación, contratos de delegación para la provisión privada de energía y agua, así como en el sector financiero y bancario y las energías renovables. Los intercambios comerciales superan los veintidós mil millones de euros y hay decenas de miles de millones de inversiones francesas.

Sin embargo, esta dependencia no debe ocultar la naturaleza específica del capitalismo marroquí. Este ha evitado cualquier cambio global de las estructuras agrarias y ha desarrollado una verdadera industrialización, manteniendo al mismo tiempo las bases sociales tradicionales de poder en el campo y en las ciudades.

El « sector público » ha permitido la creación de una tecno-burocracia formada y reclutada sobre la base de la lealtad, que se beneficia de las posibilidades de enriquecimiento privado a partir de los puestos que ocupa en el Estado. Parte de la extracción de la riqueza se basa en relaciones extra-económicas, de clientelismo que se basan en el pacto de protección / lealtad monárquico. Los tecnócratas, los dirigentes de empresas privadas, deben todo a la monarquía, empezando por su estatus heredado, la cooptación o los nombramientos a dedo. El sector público ha sido patrimonio de la fracción hegemónica para hacer crecer sus propios intereses y obtener lealtades.

Una especie de mafia, visible o discreta, se ha apoderado de toda la riqueza, y dirige tanto la economía formal como la informal.

El 50% de la actividad económica está en manos de especuladores, estafadores, redes paralelas y fuera de control. Los ingresos por tráfico de drogas, que se estiman en miles de millones de dólares, juegan un papel importante en la acumulación de riqueza. La corrupción generalizada, el mal uso de los recursos públicos y la manipulación de los mercados, distintas formas de extorsión económica se combinan en una economía informal de lavado de dinero y fuga de capitales. Por no hablar de las « cajas negras » de las grandes empresas que están fuera de control.

En esta economía rentista y mafiosa, el rey tiene control directo, estratégico, en las instituciones públicas, financieras y económicas. La privatización ha dado lugar a la aparición de monopolios privados vinculados a los intereses de la familia real. La Corporación Nacional de Inversiones es la columna vertebral; y representa casi el 20% del PIB de Marruecos y el 60% de su capitalización bursatil. Sin contar el presupuesto real, cuyo coste anual es exorbitante: en la actualidad más de 230 millones de dólares.

La legitimidad del poder se basa en el mantenimiento de la dependencia y la competencia entre los estratos dominantes para que no surja ni una alianza ni un polo fuerte y autónomo. En términos de recursos económicos, patrimonio, conexiones políticas y medios de presión, los ricos deben pasar por la mediación de Palacio. Sin embargo, dicha base es estrecha a la hora de asegurar el dominio de la monarquía, que ha buscado constantemente ampliar su apoyo, sobre todo después de los intentos de golpe militar de 1971 y 1972 (1) . El clientelismo del Estado y privado, un sistema de concesión de licencias en varios sectores económicos, la aplicación de la política de “marroquinización” (transferencia parcial de propiedades coloniales al Estado o al sector privado en la década de 1970) han aumentado el número de beneficiarios del sistema.

La monarquía es el centro del poder. El primer círculo está formado por la familia y el gabinete real, que garantiza el control de los principales actores sociales, económicos y políticos, y es el verdadero gobierno de facto. Un segundo círculo está compuesto por los grandes funcionarios del Estado (militares, cuerpos de seguridad, líderes religiosos, tecnócratas), seguido de las burocracias civiles y políticos, las élites de los medios y la sociedad civil. Otro círculo se apoya en el clientelismo del Estado y privado, que mantiene la lealtad y el control social en todos los niveles de la sociedad.

A finales de la década de 1980, el poder se ha visto obligado a adaptarse a la caída de las dictaduras, al aislamiento internacional tras la publicación del libro de Gilles Perrault « Nuestro amigo el rey », y la necesidad de preparar la transición en el trono. Los discursos se centraron en el « nuevo concepto de autoridad », el « diálogo social » que se han convertido en un leitmotiv. Los “años de plomo” tienen su narrativa institucional, la oposición histórica accede a los gobiernos de alternancia, los presos políticos de la década de 1970 fueron puestos en libertad, la prensa independiente se ha desarrollado. … Aparentemente se ha producido una apertura democrática … el tiempo necesario para que el nuevo rey, Mohamed VI, que fue coronado en 1999, pudiera consolidar su imagen y poder. Hassan II afirmó que le había garantizado veinte años de respiro.

Históricamente, el poder ha tratado de desarrollar múltiples legitimidades. Una de ellas, « tradicional », se basa en el poder religioso – el rey es el « Príncipe de los Creyentes » en su condición de descendiente del profeta, que no se encuentra apoyado en ningún derecho consuetudinario o jurídico. La sociedad esta sometida a una relación semi-feudal de lealtades que simbólicamente se renueva cada año en la ceremonia de la Beya, un ritual de obediencia proclamada. La autoridad también utiliza la legitimidad « moderna », es decir, burguesa.

El proceso, o la fachada, democrática se ha convertido en una parte esencial de los mecanismos hegemónicos y de subordinación institucional. Se trata de crear estructuras representativas y diversas instituciones para compensar la debilidad de la base social directa de la monarquía mediante la integración de sectores de la clase media y de diferentes tipos de propietarios, a partir de equilibrios políticos, sectoriales y regionales, para garantizar a la monarquía un apoyo socio-político, sin que sea directamente dependiente del mismo. La débil autonomía social y política de estos sectores permite una apertura “democrática” que sigue funcionando en circuito cerrado con respecto a la masa de la población.

Pero el gobierno también ha tratado de recuperar cada problema social o político planteado por la sociedad civil o las fuerzas organizadas a través de un tratamiento específico que asocia a algunos de los actores (creación de la Comisión Juventud y Futuro para responder a la asociación de parados, Comité para la integración de la mujer, Comité asesor sobre derechos humanos, Foro nacional de reconciliación por los derechos humanos, el Instituto Real de la Cultura Amazigh …). El proceso democrático se ha convertido en sinónimo de una cooptación ampliada para neutralizar las reclamaciones que surgen en la sociedad y para construir un nuevo clientelismo social y político que amplíe la red de lealtades dependientes, con la construcción de una red en la sociedad civil: sindicatos, redes políticas, religiosas y medios de comunicación.

En esta arquitectura, los partidos no son la expresión política de intereses sociales divergentes. Se limitan a funciones secundarias de selección de élites, bajo la supervisión directa o indirecta del Ministerio del Interior, sin proyecto autónomo. El poder no gobierna con los partidos, sino a través de ellos y de forma independiente de ellos. Esto no quiere decir que todos los partidos son producto del Palacio, pero el ejecutivo ha impuesto « líneas rojas »: respeto de la estabilidad macroeconómica, los ministerios de soberanía, Sahara marroquí, respeto al monopolio político del trono.

Históricamente, el poder ha construido partidos de todo pelaje para debilitar a los partidos de la oposición, cuando no ha colaborado directamente a su descomposición interna. Al mismo tiempo, aunque los partidos son forzados a una situación de debilidad permanente, acceden a recursos y a rentas políticas que benefician a sus aparatos, sus cuadros y redes clientelares. Las elecciones son una forma para legitimar la hegemonía del poder mediante la reducción del proceso electoral a una simple técnica de cooptación y renovación. La elección de un sistema de votación uninominal, combinado con una remodelación de los distritos electorales que favorece a los partidos con una base rural, evita cualquier polarización de la vida política y hace imposible el surgimiento de un gobierno homogéneo. El partido « ganador » se ve obligado a aliarse con los enemigos de ayer y sus amigos de hoy pueden convertirse en oponentes mañana.

El parlamento carece de mecanismos de evaluación de las políticas públicas y no participa realmente en el debate sobre el presupuesto o estratégico y sus competencias son mínimas. El Gobierno no puede nombrar a los ministros sin el visto bueno del poder y no tiene control sobre los llamados ministerios de soberanía (defensa, política exterior, interior, asuntos religiosos … ). Es el rey quien preside el Consejo de Ministros, disuelve el Parlamento cuando quiere, es el comandante en jefe del ejército, nombra a los jueces y a los directivos de más de 40 instituciones públicas.

Condicionado por el Majzen, el « proceso democrático » permite así generar un apoyo más amplio que la base directa del poder, haciendo al mismo tempo imposible la aparición en el campo institucional de una representación política autónoma de las diferentes fuerzas sociales. Tanto a nivel económico como político, la monarquía se ha asegurado una dependencia y una fragmentación que impide cualquier cuestionamiento o la afirmación de un polo autónomo, si bien ha construido una red de mediaciones entre Palacio y la sociedad. Estas mediaciones son al mismo tiempo un cortafuegos y un canal de cooptación que combina diferentes fuentes de legitimidad en función de los territorios y las capas sociales.

La fachada democrática también tiene una dimensión internacional basada en la supuesta excepcionalidad del régimen que, gracias a su apertura política y económica, habría podido garantizar la estabilidad y contener a los movimientos islamistas. La firma de numerosos convenios internacionales refleja una consolidación de la transición y el control de la oleada revolucionaria de 2011 según este análisis. La aparente estabilidad permite al régimen mantener el apoyo internacional sobre la cuestión del Sahara Occidental, un silencio ensordecedor sobre las violaciones de derechos humanos y proporciona argumentos para atraer inversión extranjera.

Al mismo tiempo, el poder responde a los intereses del imperialismo: la lucha contra la inmigración ilegal, la cooperación en el campo de la « lucha contra el terrorismo », la normalización no oficial con Israel, la participación en la intervención saudí en Yemen, el apoyo al África francesa, la sumisión a las exigencias del FMI, facilidades para la inversión y la instalación de las filiales de las multinacionales en Marruecos. No es casualidad que se considere al régimen un importante aliado del imperialismo fuera de la OTAN. También exporta la práctica del favoritismo real y de la corrupción para la compra de complicidades políticas y de medios de comunicación a un nivel incomparable con otras dictaduras. El régimen marroquí es sin duda uno de los más apoyados en el mundo y en la región. La reciente celebración de la COP22 en Marrakech es parte de este reconocimiento internacional.

Notas:

(1) Los altos mandos del ejército han sido alentados a seguir el mismo proceso después de estos intentos de golpe de estado. Hassan II les ofreció, con su cinismo habitual, enriquecerse en lugar de hacer política.

Por Chawqui Lofti, militante de la izquierda democrática marroquí, co-editor de la web Badil Tawri y miembro de Emancipación Democrática (Tahadi)

Original: sinpermiso.info

Los periodistas que ejercen su profesión en el territorio del Sáhara Occidental sufren una ola de acoso y represión por parte de las autoridades marroquíes, denunció el « Equipe Média », grupo de periodistas saharauis de signo independentista, en un informe remitido a Efe

Estos periodistas, que ejercen clandestinamente y publican en blogs y portales independentistas, denuncian que la represión de lo que llaman « activistas mediáticos » consiste en « detenciones, condenas, agresiones físicas y represalias » que pueden ser de tipo laboral y profesional.

Las condenas de periodistas a penas de cárcel no se pronuncian por delitos de opinión, sino por otros como « obstruir la circulación » o « atacar a un empleado público », como en el caso de Walid Batal (condenado en diciembre a 14 meses de cárcel) o de Said Amidan y Brahim Laajail, condenados en noviembre a 3 y 4 meses, respectivamente.

Un periodista de la ilegal RASDTV llamado Salah Lebsir, detenido por filmar una manifestación en Esmara, está condenado a cuatro años por « organizar una banda criminal, encender incendios y destruir pertenencias públicas ».

Mohamed Meyara, uno de los fundadores de Equipe Média, asegura haber sufrido en dos ocasiones represalias profesionales por su independentismo: en 2007 perdió su empleo en el Ayuntamiento de El Aaiún, y en 2013 fue de nuevo suspendido de empleo y sueldo como profesor de Historia.

El informe también se hace eco de las dificultades que sufren los periodistas extranjeros que entran en el Sáhara sin comunicarlo previamente al Ministerio de Comunicación marroquí para que expidan el correspondiente permiso, siendo frecuentes los casos de expulsión, que cifran en « decenas ».

En 2016, la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos documentó los casos de 97 extranjeros simpatizantes del independentismo que habían sido expulsados del Sáhara Occidental o se les había impedido el acceso al territorio por parte de la policía marroquí.

El informe del Equipe Média recuerda que el Sáhara es « prácticamente inaccesible para los medios de comunicación », que la misión de la ONU en el territorio es la única del mundo sin competencias en derechos humanos y que por ello « los informadores saharauis son a menudo la única fuente de información sobre las violaciones a los derechos humanos ».

Publié dans Le Quotidien d’Oran le 30 – 01 – 2017

  Les travaux du 28ème Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, qui démarrent ce lundi dans la capitale éthiopienne, seront dominés par l’examen de la demande d’adhésion du Maroc, formulée lors du dernier Sommet de Kigali (Rwanda). 

Tous les observateurs suivent ce dossier depuis le dernier Sommet, car de l’issue du vote de la Commission africaine dépendra l’avenir de l’Organisation. En fait, si le Maroc réintègre l’UA sans condition préalable, après avoir quitté son ancêtre l’OUA, ne pouvant accepter que la RASD soit reconnue par les pays africains, il admet que même si le Sahara occidental est un territoire non autonome, il ne peut être représenté par deux Etats.

Le Maroc occupe depuis 1975 ce territoire en dépit des appels de la communauté internationale et du référendum d’autodétermination de l’ONU que Rabat refuse d’appliquer. Car si la République arabe sahraouie démocratique (RASD) est un Etat reconnu par l’UA et siège en tant que membre à part entière au sein des institutions de l’Organisation, l’entrée du Maroc qui occupe le Sahara occidental va bouleverser le fonctionnement de l’Union. Pour défendre son droit à une admission au sein de l’UA, le Maroc a redéployé sa diplomatie depuis plusieurs mois, alors que le roi Mohamed VI a fait le déplacement vendredi à Addis-Abeba. Le gouvernement marocain, pour se conformer aux lois et règlements de l’Union africaine en matière d’adhésion d’un Etat tiers, a ratifié en un temps record, moins de deux semaines, le projet d’acte constitutif de l’UA. Ce projet de loi avait été adopté début janvier 2017 à l’unanimité par les deux Chambres du Parlement et publié au Bulletin officiel du 20 janvier 2017. Une prouesse parlementaire, alors que le Maroc n’a pas de gouvernement depuis la publication des résultats des élections législatives du 7 octobre 2016. Le gouvernement désigné d’Abdelilah Benkirane, qui peine à former une majorité, a examiné ce projet de loi et l’a adopté par décret, puis soumis à un Parlement où la Commission des Affaires étrangères a été montée de toutes pièces, ainsi que la désignation dans la précipitation d’un président du Parlement, le socialiste Habib El Malki. Bref, à Rabat, tout a été fait pour que l’acte constitutif de l’UA soit adopté avant la tenue du 28ème Sommet. La vraie bataille va ainsi se décider sur place, dans les travées du Sommet à Addis-Abeba, entre les partisans du Maroc, qui veulent retirer leur soutien à la RASD, et les légalistes, qui tiennent à ce que l’Union reste forte, ‘’indivisible », et fonctionne selon ses règlements.

Pourquoi ? Parce qu’au dernier Sommet de Kigali, lors de la présentation officielle de la demande d’admission de Rabat, le roi du Maroc s’est fendu d’un message hautain et blessant autant pour l’UA que pour la RASD, et confirmé ses visées expansionnistes au Sahara occidental. Dans cette lettre le monarque écrit notamment que «le Maroc, qui a quitté l’OUA, n’a jamais quitté l’Afrique. (…) De l’admission de la RASD en 1982, l’histoire retiendra cet épisode comme une tromperie, un détournement de procédures, au service d’on ne sait quels intérêts.

Un acte comparable à un détournement de mineur, l’OUA étant encore adolescente à cette époque». Il ajoute: « Comment en sommes-nous arrivés là ? La réponse, j’en suis certain, tout le monde la connaît, et s’impose d’elle-même. Le temps est venu d’écarter les manipulations, le financement des séparatismes, de cesser d’entretenir, en Afrique, des conflits d’un autre âge (…) l’UA resterait-elle en déphasage avec la position nationale de ses propres Etats membres, puisqu’au moins 34 pays ne reconnaissent pas ou plus cette entité ? Même parmi les 26 pays qui s’étaient placés dans le camp de la division en 1984, seule une stricte minorité d’une dizaine de pays subsiste», qualifiant au passage la RASD d’Etat «fantôme». Il est donc clair que le déplacement de Mohamed 6 à Addis-Abeba est calculé pour faire pencher la balance de son côté, sinon à perturber les travaux du Sommet et semer la division au sein de l’Organisation. En fait, le principal ordre du jour de ce Sommet sera l’examen de la demande d’adhésion du Maroc.

La présidente sortante de la Commission africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, a confirmé de son côté que la demande d’adhésion du Maroc était inscrite à l’ordre du jour des travaux du Sommet de l’UA et qu’il revient donc aux chefs d’Etat et de gouvernement africains de décider des suites à donner à cette demande. Selon un des vice-présidents de la Commission africaine, Erasmus Mwencha, la procédure d’admission doit être respectée. «Le Maroc doit manifester sa volonté de réadmission, il y a ensuite réunion et vote. L’admission se fait à la majorité simple», a t-il expliqué à des journalistes.

Pour son admission à l’UA, un pays doit recueillir une majorité simple d’avis favorables. Mais, ce vote pourrait être contrarié ou remis en cause par un Etat lors des débats de la plénière prévue ce lundi, même si beaucoup de pays africains ont déjà assuré le Maroc de leur soutien. Mais, le gros du problème pour les chefs d’Etat et de gouvernement présents à ce 28ème Sommet sera de régler ce problème d’une manière ou d’une autre, sans que la RASD, membre à part entière de l’UA, n’en soit concernée ou incommodée, car deux pays ne peuvent représenter un même territoire et siéger en même temps à l’UA. Tout dépendra en fait des élections pour le renouvellement de la présidence de l’UA, Mme Dlamini-Zumla ne briguant pas un second mandat. Rabat compte, pour appuyer sa demande d’adhésion, sur l’élection de l’un des cinq candidats en lice, les chefs de la diplomatie du Botswana, Pelonomi Venson-Moitoi, de la Guinée équatoriale, Agapito Mba Mokuy, du Tchad Moussa Faki Mahamat, du Kenya Amina Mohamed, et le sénégalais Abdoulaye Bathily (70 ans), plusieurs fois ministre et actuel représentant spécial du secrétaire général de l’Onu pour l’Afrique centrale.

L’ordre du jour de la 28ème conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA examinera par ailleurs le chapitre de la réforme de l’UA, qui «ne doit pas toucher aux principes fondamentaux mais concernera le fonctionnement technique de l’organisation». Dans une déclaration à la presse, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra a affirmé que les propositions de réforme de l’Organisation, faites par le président rwandais Paul Kagame, chargé l’année dernière du dossier de la réforme de l’UA, que «ces propositions seront débattues pour voir quelles sont les idées qui seront adoptées». «Ces réformes sont d’ordre pratique ; beaucoup plus technique que politique car le cadre politique est satisfaisant», estime M. Lamamra selon lequel «il ne s’agit pas d’une réforme fondamentale qui devrait toucher les objectifs et les principes mais il s’agit de voir le fonctionnement en terme de structure pour trouver ce qu’il y a à améliorer». Le ministre a fait remarquer que «le Conseil de paix et de sécurité (CPS) n’est pas mentionné dans l’acte constitutif, mais on a eu le protocole d’Addis-Abeba qui a été ajouté à l’acte constitutif». «Maintenant que l’expérience a prouvé que le CPS est un organe essentiel, des dispositions vont certainement entrer dans l’acte constitutif», a-t-il ajouté. Enfin, il y aura des élections pour le renouvellement de certains organes de l’UA, dont le CPS, présidé par M. Mokhtar Chergui, candidat à sa propre succession.