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  • Documento revela complicidad del presidente del ACNUDH con Marruecos

    Los marroquíes persiguieron al hacker Chris Coleman con denuncias y tramas cibernéticas con el fin de hacerlo callar. No hay duda que su desaparición fue un gran acontecimiento para Marruecos. Ello porque no contaba con que el blog Diáspora Saharaui tomaría el relevo y seguiría denunciando el sucio trabajo de los gamberros que dirigen la diplomacia marroquí.
    Diáspora Saharaui tiene el honor de presentar a sus estimadores lectores, un documento de suma importancia que revela la complicidad existente entre Marruecos y el Príncipe Zeid Raad al Hussein, actual alto Comisario de Nationes Unidas para los Derechos Humanos.
    Antes de ser nombrado para este puesto en setiembre de 2014, ejerció como representante de su país en el Consejo de Seguridad y según una carta envíada por el embajador Omar Hilale, aportó una gran ayuda a Marruecos en el Consejo de Seguridad en un delicado momento para Marruecos : el debate de abril sobre el Sáhara Occidental.
    Un mes depués de su mudanza a Ginebra, el misterioso hacker Chris Coleman empezó a colgar documentos confidenciales de la diplomacia marroquí y uno de los ayudantes del Príncipe Zeid, el sueco Anders Kompass, fue uno de los primeros personajes denunciados por Coleman. Kompass mantenía una estrecha relación con el embajador marroquí en Ginebra y le transmitía información confidencial en relación con el tema de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Incluso presidió una comisión que visitó Marruecos y el Sáhara Occidental velando por que su informe sea favorable a Marruecos.
    Pero era sin contar con que pocos meses después, en Abril del 2015, The Guardian obtendría una copia de un informe confidencial de la ONU que Kompass había transmitido ilegalmente a las autoridades francesas. Un informe que denunciaba los abusos de los Cascos Azules contra menores en la República Centroafricana.
    El Príncipe Zeid lo suspendió inmediatamente, pero no dijo ni na palabra sobre su colaboración con Marruecos. Otro favor que el jordano hizo a Rabat.
  • Courrier marocain dénonce la complicité du Prince Zeid Raad Al-Hussain

    Le Prince Zeid Raad Al Hussein, Haut Commissaire actuel aux droits de l’homme à Genève, a collaboré avec le Maroc au mois d’avril 2014 lorsqu’il exerçait en tant que représentant de son pays au Conseil de Sécurité.
    Selon une lettre envoyée par Omar Hilalele 6 juin 2014, le Prince Zeid et sa délégation ont, en avril 2014, « été d’un grand appui au Maroc, lors de l’examen de la question nationale (question du Sahara Occidental, ndlr) par le Conseil de Sécurité. Cela augure d’une position bienveillance de sa part lorsqu’il assumera ses fonctiones de Haut Commissaire, et permet d’espérer qu’il pourra contenir la politisation de la question des droits de l’homme par le Secrétariat á New York ». 
    « En outre, sa nomination devra contribuer à approfondir les relations de partenariat et de coopération que nous entretenos avec le Haut Commissariat aux Droits de l’homme, et qui se sont renforcées après la récente visite de Mme Pillay », ajoute la lettre.
    Au mois de septembre 2014, il a été nommé á la tête du HCDH par le Secrétaire Général Ban Ki-moon. 
    En octobre 2014, le hacker Chris Coleman a commencé á déballer des documents confidentiels du ministère marocain des affaires étrangères et de certains agents de la DGED. Anders Kompass, à l’époque, directeur des opérations de terrain au Haut-Commissariat de l’ONU pour les droits de l’Homme était parmi les premiers collaborateurs du Maroc à être dénoncés par Coleman. Il avait des relations très étroites avec l’ancien ambassadeur du Maroc à Genève, Omar Hilale. 
    Au mois d’avril 2015, The Guardian révèle le rapport sur les viols commis par des casques bleus en République Centrafricaine. Une copie du rapport mentionné a été transmis au gouvernement français par Anders Kompass. 
    Immédiatement après la révélation de l’affaire par le journal britannique, Kompass a été suspendu par le Prince Zeid. Cependant, celui-ci n’a jamais parlé des informations confidentielles transmises par Kompass aux marocains et dont le contenu a bien été révélé par les documents mis en ligne par Coleman. Un autre service que le prince jordanien a rendu au Maroc.
    Pour rappel, l’ancien Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, la sudafricaine Navi Pillay avait été neutralisée par le Maroc moyennant de l’argent théoriquement destiné à financer le travail du HCDH.

  • Jamal Benomar, l’homme de la France dans les négociations sur le retour de la MINURSO

    Le porte-parole du SG de l’ONU, M. Stephan Dujarric, a démenti vendredi, les informations rapportées par la presse marocaine selon lesquelles le marocain Jamal Benomar préside la mission technique onuusienne qui vient de visiter le Sahara Occidental dans le but de négocier le retour de la composante civile de la MINURSO.
    « Il ne conduit pas la mission. Une délégation du DPKO (Département des Opérations de Maintien de Paix), du Secrétariat s’y trouve dans le but de voir la manière d’appliquer la résolution pertinente du Conseil de Sécurité pour le retour complet de la mission à ses activités », a précisé M. Dujarric.
    Selon l’agence EFE, citant « une source diplomatique », le Front Polisario n’a pas apprécié la présence de Benomar au sein de la délégation onusienne et « a exprimé ses réserves aux Nations Unies ».
    Benomar doit son accès aux instances onusiennes aux autorités françaises dont il est proche. Son nom a été cité dans une lettre envoyée par l’ambassadeur du Maroc au Yémen dans laquelle ce dernier faisait part de son entretien avec l’ambassadeur français au Yémen qui détenait des informations de Jamal Benomar selon lesquelles « Sanaa d’une quarantaine de ressortissants marocains qui vivaient à la ville de Damage située au nord du Yémen » sont arrivés à Sanaa et ils portent la nationalité française dans leur majorité.
    Les informations que Benomar transmettra à Paris arriveront à Rabat du fait des relations très étroites qui unissent les deux pays dans le contentieux du Sahara Occidental.
  • El saqueo de un país

    La continua explotación de recursos naturales en el Sáhara ocupado
    1ro de abril de 2016por ALLA Joanna LAKHAL Malainin
    Enero de 2016
    El día 10 de diciembre de 2015 no fue una buena fecha para el rey marroquí Mohammed VI. En ese día él se convertía en la parte derrotada en un juicio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el que los frutos de “su” tierra cultivable en el Sáhara Occidental ocupado serían excluidos del acuerdo de comercio entre Marruecos y la Unión Europea. Fue un día de fiesta para el pueblo saharaui.
    El Sáhara Occidental es la última colonia de África y su descolonización sigue incompleta, como consecuencia de un proceso iniciado en los años 1960. En relación al Sáhara Occidental, mucho se habla en los medios de la presencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el terreno y de su fracaso en resolver el conflicto. Sin embargo, lejos de las cámaras, el territorio y el pueblo saharaui sufre con el saqueo de sus recursos naturales, así como los abusos y violaciones por parte de la potencia ocupante, Marruecos, y de otras entidades y países alrededor del globo.
    En el inicio del mes de diciembre de 2015 el TJUE emitió su decisión final en el caso del Frente Polisario en contra de la Unión Europea sobre un acuerdo comercial que permitiría la venta de productos pillados del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos a los mercados europeos y, además, con tarifas preferenciales. La sentencia, que invalida el acuerdo en lo que se refiere al territorio saharaui, confirma la ilegalidad del expolio de la riqueza de un pueblo colonizado. La UE (que ya apeló de la decisión a la Corte) posee otros acuerdos comerciales de naturaleza similar con Marruecos. En todos ellos están ausentes las delimitaciones precisas de las fronteras marroquíes –lo que termina por incluir partes del territorio no auto determinado del Sáhara Occidental.
    Esa decisión del Tribunal Europeo es, por lo tanto, una gran victoria y un precedente importante para la lucha saharaui. Es también, sin embargo, apenas un primer paso, que deberá ser acompañado de nuevas acciones y de un monitoreo continuo. En este artículo hacemos un breve resumen de la cuestión de los recursos naturales en el Sáhara Occidental.

    Tierra rica, pueblo empobrecido

    El Sáhara Occidental es increíblemente rico en recursos naturales. Sus reservas –no-renovables– de agua son utilizadas de manera ilegal y abusiva en estufas pertenecientes a un conglomerado de la familia real marroquí con Francia en la ciudad ocupada de Dakhla. Las frutas y legumbres producidos allí son en seguida exportados a supermercados en Europa. Sus olas son utilizadas por desvergonzados surfistas de kite-surfing y agencias de viajes. Su energía solar y eólica es capturada para uso en grandes proyectos de energía renovable y su arena es colectada y embarcada para adornar las playas de las Islas Canarias españolas.
    El territorio posee inmensas áreas pesqueras, reservas de sal y es líder mundial en reservas de fosfatos (insumo fundamental para la producción de fertilizantes agrícolas). Apenas en 2014, la mina de Fos Bucraa generó un total estimado de 2,1 millones de toneladas de fosfato, con un valor aproximado de 230 millones de dólares. Posiblemente, en el futuro, puede sorprendentemente hacerse líder también –en términos comerciales– en el mercado de petróleo (WSRW, 2015).
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    El puerto de El Aaiun es el punto de salida de las dos principales riquezas del Sáhara Occidental – el pescado y los fosfatos. Crédito : Laura Daudén. El Aaiun, Sáhara Occidental, 2009.
    En el final de 2014, inicio del 2015, la explotación marítima de petróleo (llamada de offshore) por la Kosmos y la Cairn Energy fue iniciada en Boujdour, seguida de la explotación en tierra (conocida como onshore) por la San Leon, cerca de El Aaiun ocupada.
    Son muchos los gobiernos y las empresas involucrados en el pillaje del Sáhara Occidental, abarcando tanto los sospechosos de siempre –multinacionales con sede en Estados Unidos, Reino Unido y Francia, además de la Unión Europea– pero también algunas sorpresas, incluyendo el gobierno de Venezuela, que apoya el Frente Polisario, así como empresas con sede en otros países supuestamente apoyadores de la causa.
    La enorme cantidad de riqueza acumulada por Marruecos en la venta de recursos naturales procedentes del Sáhara Occidental ayuda en la compensación de los recursos gastos por el país con la ocupación. No se puede olvidar que un tercio de los marroquíes presentes en territorio saharauis son soldados y, además de ellos, también hay un numero grande y desconocido del público de policiales civiles, agentes encubiertos, policías militares, agentes del Ministerio del Interior y de órganos de inteligencia. Por fin, deben ser contabilizados también los costos asociados a la manutención del infame muro marroquí, la más extensa barrera militar en funcionamiento (con 2,5 mil km de extensión), patrullada por 100 mil soldados (Zunes; Mundy, 2010:158 y San Martín; Allan, 2007).
    Acuerdos formales para la explotación de recursos naturales firmados entre Marruecos y la Unión Europea, por ejemplo, o con otros Estados y grandes multinacionales, se refieren al Sáhara Occidental como parte del territorio marroquí, ayudando a perpetuar la ocupación. Son también cómplices en las violaciones de derechos humanos cometidas contra la población saharaui en los Territorios Ocupados y fragilizan el proceso de paz liderado por la ONU. Además, en el caso de recursos no-renovables, el pillaje también significa que el pueblo saharaui será privado de la riqueza de su propio país cuando finalmente alcance su independencia, sin mencionar la degradación ambiental que las actividades pesqueras ya están causando (OSRN, 2013).
    La población del Sáhara Occidental no se beneficia de esa intensa explotación. Saharauis en las zonas ocupadas han manifestado casi a diario su descontento, exigiendo el pleno goce de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como el fin de la explotación de los recursos naturales de esos territorios. En el fin de diciembre de 2015, por ejemplo, la policía marroquí reprimió violentamente un grupo de estudiantes saharauis en el paro, muchos de los cuales terminaron gravemente heridos. Entidades de derechos humanos como la Human Rights Watch, Amnistía Internacional, RFK Foundation, así como relatores especiales de las Naciones Unidas vienen destacando las constantes violaciones cometidas por Marruecos en esas zonas ocupadas. Los abusos van desde los insultos verbales a la intimidación por parte de la policía marroquí o de agentes del Estado contra los saharauis, pasando por detenciones, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Recientemente, especialistas en derechos humanos saharauis y españoles descubrieron fosas comunes en el Sáhara Occidental en las cuales se cree que estén enterrados víctimas saharauis de ejecuciones masivas (Beristain; Hidalgo, 2009).

    Pillaje internacional de recursos del Sáhara Occidental: ilegal y aun así ignorada

    La explotación de recursos naturales del Sáhara Occidental por parte de Marruecos y de sus socios es absolutamente ilegal. En una respuesta directa a la explotación conducida por la industria de petróleo en los territorios ocupados, el Consejo de Seguridad de la ONU emitió un parecer en 2002 afirmando que cualquier prospección o extracción de recursos naturales del Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui seria una violación del derecho internacional. El autor de esta opinión jurídica en el ámbito de la ONU criticó a Kosmos, una de las empresas mencionadas anteriormente por sus actividades extractivas en el Sáhara Occidental, enfatizando la inmoralidad y la ilegalidad de sus actividades (Corell, 2002). El año de 2015 también estuvo marcado por un avance normativo en el ámbito de la Unión Africana (UA) con la publicación de un parecer jurídico consultivo acerca de la prospección y extracción de recursos naturales en el Sáhara (The African Union, 2015). El párrafo 60 de este parecer sintetiza bien el panorama jurídico de la cuestión y clama por un boicoteo pan-africano a todas las entidades y países involucrados en el expolio:
    “(…) La prospección y extracción de recursos naturales por parte de Marruecos, de cualquier otro Estado, grupo de Estados o empresas extranjeras contratadas por Marruecos en el Sáhara Occidental el ilegal, una vez que violan el derecho internacional y las resoluciones de la ONU y de la UA. La explotación de recursos naturales es también una amenaza para la integridad y prosperidad del pueblo del Sáhara Occidental. A ese respecto, las empresas extranjeras y cualquier otro Estado o grupo de Estados firmando acuerdos/contratos con Marruecos para la explotación de recursos naturales del Sáhara Occidental están colaborando y siendo cómplices de una situación ilegal y, por lo tanto, tales acuerdos/contratos son inválidos.”
    Corporaciones, Estados y grupos de Estados como la UE se niegan a consultar el Frente Polisario, el representante legitimo del pueblo saharaui en el proceso de paz liderado por la ONU, sobre sus planes de comprar recursos saharauis de Marruecos. Tampoco han dialogado con la sociedad civil saharaui, cada vez más enfática en su “no” a la extracciones de recursos naturales de su territorio.
    En los Territorios Ocupados, manifestantes ponen en riesgo –como se vio anteriormente– su vida y su integridad física al oponerse a las autoridades marroquíes mientras denuncian las actividades de empresas extranjeras involucradas en el pillaje. Mientras tanto, en los campamentos de refugiados, grupos tales como el Observatorio Saharaui de Recursos Naturales (OSRN) y la Campaña Saharaui en Contra el Pillaje (SCAP) han sensibilizado y movilizado los refugiados sobre el tema de la extracción de recursos. Una reciente manifestación en contra de la empresa petrolífera británica/irlandesa San Leon consiguió reunir 8 mil personas en el campamento de Auserd [1].
    No recae solamente sobre los saharauis la tarea de denunciar ese espolio. Ciudadanos de países involucrados en esta explotación o que son sede de empresas que realizan el pillaje son también partes-interesadas y pueden incluso estar, aun que sin conocimiento de causa, consumiendo bienes saqueados. Activistas internacionales solidarios con grupos como el Western Sáhara Resources Watch (WSRW) pueden incidir sobre las empresas involucradas en la explotación de esos recursos naturales en su propio país de origen. Ellos contactan estas empresas, explicándoles las implicaciones morales y legales de sus actos. Caso las mismas no interrumpan sus actividades, los activistas pasan a denunciarlas en los medios y a pedir a sus principales accionistas a desinvertir, ya habiendo logrado algunos éxitos significativos en ese sentido [2]. Realizar investigaciones sobre las actividades de las empresas involucradas en la explotación de recursos naturales también es fundamental. Un informe en esos moldes, hecho por la WSRW, fue el único a ser admitido por el Tribunal Europeo como prueba en el reciente caso del Frente Polisario contra la UE [3].
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    Imagen registra el inicio de las operaciones en la mina de fosfatos de Bu Craa. Crédito : Autor desconocido. El Aaiun, Sáhara Occidental, 1974.

    Comentario

    La explotación extranjera e ilegal de los recursos naturales de un país colonizado viola el derecho internacional. Aun así, países y empresas multinacionales siguen impunemente con sus actos criminales, destrozando el presente y el futuro de poblaciones enteras apenas para satisfacer su ganancia. En el caso del Sáhara Occidental, la reciente sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Europeo es muy importante en el sentido de penalizar tanto a Marruecos como a la UE a anular un acuerdo firmado por ambos para saquear recursos de un territorio ocupado.
    La cuestión es aún más grave dado que afecta drásticamente la biodiversidad de las ricas aguas saharauis además de otras amenazas que la extracción exacerbada viene causando al medio-ambiente de la región. Y es por eso que el parecer jurídico de la Unión Africana, ya mencionado, concluyó claramente que:
    “La ONU debe asumir sus responsabilidades políticas y jurídicas y proteger los recursos naturales renovables o no-renovables saharauis, como lo hizo en Timor Este y en Namibia hasta que el pueblo del territorio pueda expresar so voluntad y escoger el mejor destino por medio de un referéndum libre y justo.”
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    Imagen de satélite muestra la estera que lleva el fosfato desde la mina de Bu Craa hasta el puerto. Crédito : Google Maps.
    Esta seria, por supuesto, la posición que la ONU debería tomar. ¿Será, entretanto, capaz de actuar en conformidad con el derecho internacional después de tantas décadas tolerando una ocupación ilegal en detrimento de las vidas, del futuro y de los intereses de una nación entera bajo dominio colonial?

    Notes

    [1Ver un vídeo de esas manifestaciones en:https://www.youtube.com/watch?v=3HNHdqBQYfw
    [2En los últimos 12 años, diversas empresas interrumpieron sus actividades en el Sáhara Occidental tras haber sido abandonadas por algunos de sus principales accionistas y haber recibido coberturas negativas en los medios en consecuencia del trabajo de entidades como la WSRW.
    [3WSRW, “Tribunal Europeo anula acuerdo comercial entre la UE y Marruecos”: http://wsrw.org/a105x3314

    Commentaires

    Malainin Lakhal es miembro del Observatorio Saharaui de Recursos Naturales (OSRN) – www.osrn.info
    Joanna Allan es presidente del Observatorio de Recursos del Sahara Occidental (WSRW) – www.wsrw.org
    REFERENCIAS
    Beristain, Carlos Martín e González Hidalgo, Eloísa. “The Oasis Of Memory, Historical memory and human rights violations in the Western Sahara”. Hegoa: San Sebastián, 2009. Disponible en:http://publicaciones.hegoa.ehu.es/assets/pdf2s/284/Resumen_Oasis_Ingles_e_Italiano.pdf?1386778905
    Corell, Hans. « Letter dated 29 January 2002 from the Under-Secretary-General for Legal Affairs, the Legal Counsel, addressed to the President of the Security Council » en S/2002/161, Editada por el Consejo de Seguridad de las naciones Unidas, 2002. Disponible en: http://www.arso.org/UNlegaladv.htm-
    Corell, Hans. « The Responsibility of the UN Security Council in the Case of Western Sahara » en International Judicial Review. Inverno, 2015.
    Observatorio Saharaui de Recursos Naturales. « Saharawis: Poor People in a Rich Country ». Disponible en: http://www.wsrw.org/files/dated/2013-11-26/snrw_report_eng2013.pdf
    San Martín, Pablo, e Allan, Joanna. « The Largest Prison in the World: Landmines, UXOs and the Role of the UN in the Western Sahara. » Madrid, 2007.
    The Office of the Legal Counsel and Directorate for Legal Affairs of the African Union 
    Commission. « Legal Opinion on the Legality in the Context of International Law, Including the Relevant United Nations Resolutions and OAU/AU Decisions, of Actions Allegedly Taken by the Moroccan Authorities or any other State, Group of States, Foreign Companies or any other Entity in the Exploration and/or Exploitation of Renewable and Non-Renewable Natural Resources or any other Economic Activity in Western Sahara. » 1-16. The African Union: Addis Ababa, 2015.
    Western Sahara Resource Watch. « P for Plunder: Morocco’s exports of phosphates from occupied Western Sahara, 2012-2013. »http://www.wsrw.org/a105x3185, 16 de marzo de 2015.
    Zunes, Stephen, and Mundy, Jacob. War, Nationalism and Conflict Irresolution. Syracuse University Press: Nueva York, 2010.
  • NAÂMA ASFARI CÉLÈBRE LE FORUM DES DROITS DE L’HOMME DE SA PRISON

    Alors que le Maroc se fait le chantre des droits de l’homme en organisant le Forum mondial des droits de l’homme à Marrakech fin novembre, Naâma Asfari entame sa cinquième année de détention arbitraire après avoir été torturé et condamné sur la base d’aveux forcés.
    Cette action est terminée. Merci à tous les participants, nous vous informerons en cas de nouvelles évolutions.
    Alors que le Maroc se fait le chantre des droits de l’homme en organisant le Forum mondial des droits de l’homme à Marrakech fin novembre, Naâma Asfari entame sa cinquième année de détention arbitraire après avoir été torturé et condamné sur la base d’aveux forcés.
    Ce défenseur des droits de l’homme sahraoui a été arrêté à Laayoune, dans la région du Sahara occidental sous occupation marocaine, le 7 novembre 2010, la veille du démantèlement du camp de Gdeim Izik. Ce camp avait été érigé un mois plus tôt par des milliers de Sahraouis pour protester contre les discriminations économiques et sociales dont ils s’estiment victimes de la part du gouvernement chérifien. Lors du démantèlement du camp par les forces de sécurité, des affrontements éclatent avec les manifestants. Neuf soldats marocains sont tués selon les autorités marocaines. En représailles, les forces de sécurité se livrent à des vagues d’arrestation assorties de torture.
    Naama Asfari est arrêté dans la violence, puis il est interrogé et torturé pendant cinq jours, d’abord au poste de police puis à la gendarmerie de Laayoune. Le 12 novembre 2011, il est brièvement présenté au tribunal pour signer un registre sous la contrainte, puis il est transféré avec d’autres codétenus sahraouis à la prison de Salé à Rabat, pour être poursuivis par la justice militaire, en dépit de leur qualité de civils.
    Le 16 février 2013, Naâma Asfari et ses 23 codétenus sont condamnés par le tribunal militaire à l’issue de neuf jours de procès inéquitable marqué notamment par la prise en compte d’aveux arrachés sous la torture. Aucune expertise médicale ni enquête n’a été diligentée concernant les allégations de sévices formulées à plusieurs reprises par la quasi-totalité des accusés.
    Naâma Asfari écope d’une peine de trente ans d’emprisonnement. Un verdict qui n’est pas susceptible d’appel.
    Contexte
    En octobre 2010, des milliers de Sahraouis vivant dans des villes situées dans la partie du Sahara occidental sous administration marocaine, ont quitté leur résidence pour s’installer dans des camps temporaires à la périphérie des villes. Il s’agissait là d’une mobilisation collective spectaculaire destinée à protester contre les discriminations économiques et sociales dont les Sahraouis s’estiment victimes de la part du gouvernement marocain.
    Le 8 novembre 2010, les militaires marocains, armés de canons à eau et de bombes lacrymogènes, ont attaqué le camp de Gdeim Izik occupé par près de 20 000 Sahraouis. Au cours de l’évacuation forcée du camp, des affrontements ont éclaté entre l’armée et des manifestants sahraouis, au cours desquels neuf soldats marocains auraient trouvé la mort. S’en est suivie une violente vague de répression menée par les forces de sécurité marocaines, avec l’appui de civils marocains résidant en territoire sahraoui. Elles ont ainsi ouvert le feu sur des civils dans la ville d’El-Ayoun, saccagé des maisons et passé à tabac leurs habitants. Des centaines de militants sahraouis ont été arrêtés, dont plusieurs ont déclaré avoir été torturés.
    Naama Asfari, défenseur des droits de l’homme, fait partie du groupe des 22 militants sahraouis condamnés par la justice militaire. Il a été condamné à 30 ans d’emprisonnement sur la base d’aveux qu’il assure avoir signés sous la torture. Le 20 février 2014, l’ACAT a déposé deux plaintes pour torture en son nom. L’une devant le Comité contre la torture des Nations unies, contre le Maroc auquel l’ACAT et M. Asfari reprochent notamment de n’avoir pas enquêté sur les allégations de torture et d’avoir pris en compte les aveux forcés. L’autre plainte est une plainte pénale déposée en France contre les tortionnaires présumés de M. Asfari.
  • Sahara Occidental: Les américains lâchent le Makhzen

    Les manœuvres marocaines pour attirer le soutien des américains sur le dossier de colonisation du Sahara Occidental, ne font plus recette même avec cette stratégie «de graisser la patte» des sénateurs et hommes d’influence sur la scène américaine.
    Ainsi, « The Moroccan American Center for Policy » une organisation de lobbying marocain à Washington, dirigée par l’ancien ambassadeur US au Maroc, Edouard Gabriel, a échoué à collecter les voix nécessaires pour soutenir la politique d’annexion des territoires sahraouis par le Makhzen au sein du Congres américain, seuls 16 sénateurs ont été convaincus de rédiger une missive, au locataire de la Maison Blanche Barack Obama, l’invitant à réviser sa politique vis-à-vis du Maroc.
    En effet, c’est un échec cuisant pour un pays qui se prévaut de «grands soutiens» au sein du Congrès américain. Or, sur les 530 membres environ que compte l’instance (100 pour le Sénat et 435 à la Chambre des représentants), seuls 16 congressmen -républicains et démocrates-ont jugé utile d’apposer leurs signatures à une lettre demandant à Barak Obama de réviser sa politique vis-à-vis du Maroc.
    On ne se bouscule donc pas pour soutenir la politique de sa majesté qui peine à convaincre ses «alliés» américains de lui donner un bon coup de pouce diplomatique pour justifier la poursuite de l’occupation du territoire sahraoui.
    Dans cette lettre adressée au président Barak Obama et dont des extraits ont été publiés par le site Yabiladi.ma, les sénateurs américains sont sensés rappeler que le royaume est «notre allié le plus ancien et le plus solide dans une partie du monde qui se caractérise par sa grande importance ».
    C’est pourquoi les 16 signataires réclament du président des Etats Unis d’accorder une «plus grande visibilité » au rôle joué par Rabat sur la scène régionale.
    Les «16» soulignent ainsi que le «Maroc est le seul pays de la région à avoir mis en place avec les Etats Unis, depuis 2006 et à la demande du Royaume, un dialogue continu sur les Droits de l’Homme qui se veut un forum ouvert pour un échange objectif et constructif sur ces questions».
    Cette précision s’apparente à une riposte de Rabat contre le rapport du département américain d’Etat sur les droits de l’Homme au Maroc, «entaché d’erreurs factuelles et de fausses allégations», selon la version officielle.
    Pour autant et au-delà du nombre anecdotique de 16, la liste de lobbyistes du Makhzen ne contient aucun éminent sénateur et autres personnalités connues et reconnues par leur influence sur la politique américaine. Même ses amis habituels comme Mme Madeleine Albright, ancienne chef de la diplomatie, ou encore Rank Charles Carlucci, ex-secrétaire à la Défense sous la présidence de Donald Reagan n’ont pas apposé leurs paraphes. C’est dire que la «marocanité du Sahara occidental» est un produit de plus en plus en mévente même aux Etats Unis.
  • Moroccoleaks : Des faux documents conçus par la DGED pour incriminer le Polisario

    En Noviembre de 2009, Albert Vilalta, Alicia Gámez y Roque Pascual, trois coopérants espagnols de l’ONG Barcelona Acció Solidària ont été enlevés entre Nouakchott et Nouadhibou. 
    Omar Sidahmed Hamma, un contrebandiste malien connu a été détenu et inculpé par la justice mauritanienne et condamné pour cette affaire. Plus tard, il a été libéré par les autorités mauritaniennes et relâché au Mali.
    Le Maroc a fabriqué des faux documents pour lui donner une fausse identité sahraouie et prétendre qu’il travaillait dans les rangs du Front Polisario.
    Dans un email, Mourad El Ghoul, directeur du Cabinet de Yassine Mansouri, le patron de la DGED, envoie les documents à Ahmed Charai, directeur de publication au Maroc et chargé de la médiatisation aux Etats-Unis et à un certain M. Bellahrach.

  • Alerte : Abdellatif Hammouchi : Coup de tonnerre à Paris

    Selon des informations que je viens de confirmer auprès d’une source digne de foi, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris vient de déclarer recevable, dans un arrêt argumenté, la plainte pour « torture » du militant associatif sahraoui, Naâma Asfari, contre le patron de la DST (police politique marocaine), Abdellatif Hammouchi.
    Cette information signifie que Hammouchi affronte maintenant deux plaintes pour torture en France. Celle de Zakaria Moumni et celle de Naâma Asfari.
    En juin 2015, le site de Majidi, le « 360 », traitait Joseph Breham, l’un des avocats, avec Brigitte Metton, de l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture), qui ont obtenu cette très importante victoire judiciaire, « d’avocat des causes perdues d’avance ».
    Apparemment non…
    Ali Lmrabet, 10 juin 2016
  • Le Maroc reconnaît implicitement qu’il occupe le Sahara occidental

    Le Maroc vient d’essuyer un retentissant camouflet en reconnaissant implicitement qu’il occupe illégalement le territoire du Sahara Occidental en acceptant de l’exclure de l’accord signé avec les Pays Bas sur la sécurité sociale.
    En renonçant à l’exigence d’inclure le territoire du sahara Occidental dans cet accord, Rabat reconnait implicitement son statut de puissance coloniale qui occupe cette ancienne colonie espagnole.
    La cession marocaine reflète une négociation d’une position de faiblesse malgré les nombreuses déclarations sur « les lignes rouges », « l’intégrité territoriale », la « question de souveraineté », étant donné que la décision marocaine suppose que le Maroc reconnait implicitement qu’il occupe le territoire du Sahara Occidental.
    Il y a lieu de rappeler que cette question est motif d’une dispute entre le Maroc et l’Union Européenne depuis que le Tribunal Européen de Justice a annulé, en novembre dernier, l’accord agricole en vigueur entre les deux parties en raison de son inclusion des produits provenant du Sahara Occidental.
  • The EU, Morocco, and the Western Sahara: a chance for justice

    In February, the Kingdom of Morocco suspended diplomatic relations with the European Union. This extreme measure was taken in response to a December 2015 ruling by the Court of Justice of the European Union (CJEU) to suspend an agricultural trade agreement between the EU and Morocco because it included the Western Sahara (WS) within its territorial scope. While relations appear to be in a dire state, the row is almost certainly temporary – and in fact, it may provide an opportunity to create the collective pressure needed to nudge Morocco towards a more just solution of the WS issue.
    The CJEU invalidated the trade agreement on the grounds that the European Commission had not conducted sufficient due diligence to ensure the deal did not violate the rights of Saharawis – the Western Saharan people – over the farming and fishing resources in their territory. The European Council began the process of appealing the CJEU ruling in February. Federica Mogherini, the High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy, has stated that “the agreements between Morocco and the European Union are not a violation of international law and as such an appeal has been filed, the agricultural agreement otherwise remains in force”.
    The EU’s position on the Western Sahara
    The EU has not taken a coherent position on the legality of the status of the WS, or on Morocco’s claims to it; instead, it has prevaricated. The EU has not recognised the POLISARIO Front (the Saharawi rebel nationalist movement) or the Saharawi Arab Democratic Republic (SADR), but neither does it explicitly recognise Morocco’s claims to the WS. This ambiguity results from the need to maintain cooperation with Morocco as a stable ally on counter-terror operations and migration flows, while also not appearing to flout issues of human rights, democracy, justice, and African decolonisation.
    EU member states have differing stances, coloured by their own interests in bilateral relations with Morocco. France, for example, holds that Morocco’s attempts to devolve some power to the Sahara are credible. It says that bilateral negotiations ought to be continued, and that any divergence from this could negatively affect the relationship between France and Morocco. France is Morocco’s second largest arms supplier after the United States, and it has come to be Morocco’s biggest supporter in the EU. France has also threatened to use its United Nations Security Council (UNSC) veto power if the United Nations should favour a solution that undermines Morocco’s position (which has led observers to conclude that France is partly responsible for the current impasse at the UNSC on the issue).
    Spain’s policy is slightly more complex: there is a sense of “collective guilt” for the failure to leave behind infrastructure in the WS and to engage in more decolonisation efforts upon Spain’s withdrawal in 1975, as mandated by the UN at the time. Instead of holding a referendum on self-determination, it signed over the Western Sahara to Morocco and Mauritania in the Madrid Accords of 14 November 1975; Mauritania relinquished its claim in 1979. Spain has also been interested in improving its relations with Algeria (which supports the POLISARIO), and has led it to tacitly encourage the POLISARIO and support the possibility of a referendum. At the same time, however, Spain’s interests in the resources in WS date back to its own occupation of the region, which incentivise preserving good relations with Morocco to ensure access to these resources. Spain’s wish to maintain control over its enclaves, Melilla and Ceuta in northern Morocco, and to cooperate with Moroccan authorities to keep migrants away from these Spanish territories, serve as additional motivation to foster good relations.
    Germany, for its part, has also vacillated. However, it has argued recently that the delay on the referendum must end, with some deputies from leftist parties in the German parliament calling for an immediate referendum. The Netherlands and Sweden are among the few EU member states to have recognised Western Sahara as an “occupied territory”. Scandinavian member states have drawn Moroccan ire by tacitly backing the WS’s right to self-determination. Most notably, IKEA’s Casablanca opening was blocked in October 2015, after Morocco alleged Sweden was planning to recognise the independence of the disputed territory – which the Swedish government denied. Meanwhile, Denmark’s parliament voted unanimously in June 2016 to discourage “the engagement of public institutions in, and the purchase of goods from, disputed territories such as Western Sahara, and further urges Danish companies to exercise due vigilance, unless such transactions are known to benefit the local population.”
    France is Morocco’s second largest arms supplier after the United States, and it has come to be Morocco’s biggest supporter in the EU.
    Opposing interests and positions among EU member states is a major cause of the EU’s legal ambiguity vis-à-vis the WS, and the absurd moniker of the region among EU officialdom: a “non-self-governing territory ‘de facto’ administered by the Kingdom of Morocco”. Whereas the CJEU is taking a decisive stance on the legality of Saharawi claims to the WS, the EU’s ambiguous rhetoric has allowed it to continue pursuing trade in the disputed territory.
    A return to conflict?
    The situation was exacerbated in March, when Morocco forced the UN mission in the WS (MINURSO, charged with monitoring the ceasefire brokered in 1991 between the Moroccan army and the POLISARIO Front) to close its office in the Saharan city of Dakhla and remove its staff from the territory within 72 hours. The dust-up occurred after UN Secretary General Ban Ki-moon visited camps for displaced Saharawis, during which he referred to the WS as “occupied”. The diplomatic spat resulted in a delay in Ban’s annual report on the WS, and caused disagreements among the member states of the UNSC as to how to proceed.
    UN spokesperson Stephane Dujarric said that Morocco’s behaviour was “in clear contradiction of its international obligations” and represented an affront to the UNSC. Meanwhile, HR Mogherini stated rather opaquely, and in keeping with EU language, that the EU supports UNSC efforts “to achieve a just, lasting, and mutually acceptable political solution that allows the self-determination of the people of Western Sahara in the framework of the arrangements consistent with the purposes and principles of the UN Charter”. This ongoing deferral to the UN signals the EU’s wish to hand over the messy components of relations with North Africa to the global body, and to maintain the EU’s happily non-committal stance regarding the legality of the WS in the short term.
    Nevertheless, Morocco’s position has led the POLISARIO to warn of its desire to return to conflict, something that observers of the region have taken with a pinch of salt. The rebel movement has made similar statements more than once in the last several years, using the threat of armed conflict as a little more than a bargaining chip at periods when international attention is heightened. Moreover, their meagre financial backing and military weakness makes them little match for the Moroccan army, which outnumbers POLISARIO forces nearly 25-fold and staunchly defends the berm, the 2,700 kilometre wall that divides POLISARIO-controlled land from the area controlled by Morocco.
    Disillusionment among the POLISARIO youth has increased, resulting in higher rates of recruitment into the POLISARIO army and its youth wing, UJSARIO.
    However, the UNSC’s inability to fully restore MINURSO’s monitoring capacity after this spat has not sat well with the rebel group. Several observers who have, over the past number of years, accessed the Tindouf camps of southwest Algeria and the POLISARIO-controlled area east of the berm – the largely uninhabited “Sahara inutile” – have recently noticed previously unseen signs that the Saharawi’s may be preparing for conflict. Day-to-day training for POLISARIO troops has become more rigorous, with commanders pushing soldiers to “get ready for battle”. Disillusionment among the POLISARIO youth has increased, resulting in higher rates of recruitment into the POLISARIO army and its youth wing, UJSARIO. And, according to one Dakhla-based Saharawi civil society expert who asked to remain anonymous, “POLISARIO leaders are calling for retired soldiers living in Mauritania and Spain to go back to the camps to fight”. The possibility of renewed conflict would likely have been even greater had MINURSO not been renewed. However, the mission remains challenged and weakened, which likely means that there will be similar flare-ups in the future, especially now that Saharawis’ sensibilities and concerns have been stoked.
    Morocco’s plans
    Morocco must weigh its interests in extraction in fishing, phosphates, and hydrocarbons with the need to win over the hearts of the Saharawi people, and thereby to minimise resistance. As a result, the Moroccan government has undertaken soft efforts to maintain its hold over the region. These include the recent co-option of formerly pro-POLISARIO and/or Saharawi notables through offering them positions such as wali (governor) of mainland Moroccan provinces as well as ministerial portfolios; a development plan for what Morocco calls its southern provinces; and a proposed autonomy plan for the WS region.
    The development plan put forward by Morocco’s Economic, Social, and Environmental Council (CESE) touts billions of dollars’ worth of investments in developing the region, especially in agriculture, tourism, fishing, and phosphates. As part of the effort to develop the WS, Morocco has built airports, paved highways, and improved electricity infrastructure. Simultaneously, however, Morocco has settled thousands of people from Morocco proper to influence the results of a future referendum and to work on farms, which has also stifled opportunities for Saharawi employment and funnelled returns to the Moroccan business elite and the palace. For example, Saharawis once comprised a majority of the workforce in the phosphate industry, but today, they have been replaced by Moroccans. Several companies have halted importation of phosphates from the WS because of the ethical implications of extraction and export, as well as their contravention of international law. These include Norwegian fertiliser company, Yara, which was forced to stop extraction in 2005 due to domestic pressure, as well as US fertiliser company, Mosaic.
    The autonomy plan has come to be implemented under the aegis of advanced decentralisation, an ambitious plan to devolve more power to locally elected provincial governments. On its surface, the autonomy plan appears “serious, realistic, and credible”, according to the US government. In fact, these three words have become almost clichéd in the extent to which they have been reprinted and even quoted out of context by Morocco and its interests when referring to its vision for the WS. But the autonomy plan, which is more or less under way under decentralisation, allows Morocco to avoid the self-determination referendum mandated in the original ceasefire agreement of 1991, and the EU has failed to hold Morocco accountable for this evasion.
    Even if local elections are free and fair, Saharawis both inside and outside POLISARIO-controlled territory, as well as within Morocco itself, remain sceptical at best about the corruption and nepotism surrounding elected local presidents (who have absorbed some of the prerogatives of the palace-appointed walis), and about the extent to which local presidents’ hands will be tied, with their interests linked to and checked by the palace – precluding a genuine chance for real change. Moreover, the decentralisation would split up the WS into three regions, one of which will include land that is part of undisputed Moroccan territory.
    These reservations have led the SADR to reject autonomy as cosmetic and nominal. It is weary of accepting concessions that lead to placation in the short term, and perhaps co-option in the longer term, while deeper concerns such as greater control over the lucrative oil, phosphates, fishing, and agriculture resources remain unresolved. These concerns are compounded by Morocco’s decades-long unmet promise to hold a referendum on self-determination.
    The EU’s future course
    How sustainable, then, is the EU’s ambiguity? How long can it juggle its desire to pursue easy relations with Morocco, privileging cooperation on various fronts, with the WS issue? It will take time and finesse, but the EU could take gradual steps to clarify its legal stance on the WS, a position that ought to guide its bilateral relations with Morocco under international law. This position should make clear, firstly, that the delayed referendum is itself a challenge to the region’s stability and, secondly, that trade agreements should exclude products from the WS (which need not preclude trade with Morocco, especially as the Kingdom stands to gain much more than the EU, and since the US-Morocco FTA does not include products originating from the WS). The EU should also reiterate to Morocco that it is in everyone’s interests to uphold international law, while also maintaining the alliance, and to exchange intelligence on domestic terrorists, migrants to Europe, and the large volume of Moroccans migrating to join the Islamic State group.
    Morocco knows that it is in a relatively strong bargaining position vis-à-vis the EU. It is a stable ally, a key trading partner, a safe and cooperative North African country committed to countering terror.
    Given events in the region, cooperation is no doubt a key consideration in EU policy-making. However, those interested in the region’s stability should not be beguiled by misleading rhetoric that (a) inflates the security threat facing Morocco (because it does not threaten Morocco alone) and its ability to confront it, (b) conflates Saharawi resistance and Islamist terror groups in the region, (c) plays down the safety and (human) security of the WS itself in the interests of that of Morocco, and (d) argues unquestioningly and without empirical evidence that a free WS would be a “failed” or “weak” state.
    Indeed, Morocco’s aggressive and costly lobbying efforts in the European capitals have sought (with a good deal of success) to discourage the inclusion of greater territorial conditionality in agreements that cover the WS. Such efforts have also promoted perceptions that al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) actively recruits in the POLISARIO-run, UN-administered Tindouf camps. While there is a real possibility that disenfranchised persons might be drawn to smuggling activities and perhaps extremism, this does not translate into collusion between the POLISARIO and AQIM. This claim, often levelled by Morocco and its lobby, has not been substantiated through any primary source material; instead, analytical “cliques” and self-referencing abounds in the peddling of these narratives.
    There is moreover an important contradiction in this argument, one that is key for the EU to note, and that has been long overlooked by those who subscribe to the above logic. If Morocco truly believed or was truly anxious about the (specifically Saharawi) vulnerability to radicalisation and recruitment, it would seem prudent for it to prioritise a sustainable solution. Such a solution should empower the disaffected people in the region, end the standstill by holding a referendum that would appease the supposedly at-risk population, end the destitution of Saharawis in the camps, and yield returns on the resources of Saharawis living west of the berm.
    Morocco knows that it is in a relatively strong bargaining position vis-à-vis the EU. It is a stable ally, a key trading partner, a safe and cooperative North African country committed to countering terror, and the EU’s gatekeeper against undocumented sub-Saharan African (and now Syrian/Iraqi) migrants – especially as Morocco is willing to play “bad cop” and enact the sort of heavy-handed migrant policies from which the EU benefits.
    Morocco’s suspension of diplomatic relations with the EU appears to be little more than a temporary flexing of this muscle – to remind the EU of its “red lines” and discourage the logic behind the CJEU position. It is primarily symbolic, as the Moroccan leadership continues to meet with EU delegates and with Mogherini, and as bilateral relations with individual member states remain intact.
    However, Morocco also correctly perceives that it has more to lose in this standoff. To be sure, there will be some damage and hard feelings in the shorter term. But in the medium to long term, Morocco is fully aware of all that its stands to gain from maintaining positive relations with the EU. Morocco worked hard to achieve “advanced status” with the EU in 2008 (and at one time, it hoped for full membership); there is strong evidence that Morocco’s economy stands to benefit more from deeper FTAs than does the EU’s; and the country remains eager to prove its mettle as a counter-terror/migration partner as well as to take credible steps toward becoming a freer country domestically, in order to retain its standing with the EU. It is thus likely to concede, if the EU calls Morocco’s bluff by allowing the suspension to proceed, and is firmer about negating Morocco’s attempts to veto EU measures – particularly when these measures are taken to ensure compliance with international law.
    The EU’s trade, security, and migration interests in Morocco challenge its willingness to apply too great a pressure, especially because Morocco has ramped up cooperation and intelligence sharing with French and Belgian authorities after the recent terror attacks in Paris and Brussels – and EU opposition to the CJEU ruling is a product of this hesitance. However, its intentionally vague and fractured policy toward the WS is unsustainable. It should take comfort that the above pillars of Morocco’s carefully curated international image are not ones that the Kingdom will quickly relinquish in the interests of making a statement against the EU or against Ban Ki-moon’s choice of words.
    Morocco has to balance its desire to remain in the EU’s good graces and appear credible in its steps to improve its human rights record with its desire to maintain its grip on a region that is lucrative to Moroccan business interests and central to Morocco’s statecraft and to the monarchy’s legitimacy. The Kingdom’s political signals need not alarm the EU. In fact, the CJEU rulings and the likely period of “mending fences” may provide just the opportunity needed to clarify the EU’s position on the WS and to take a more decisive, coherent and less passive stance on the issue. Each time the EU backs down in the face of Morocco’s conniptions, it loses the chance – and the momentum – to gradually and peacefully break the impasse.