Al ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, no le matan sus declaraciones -aunque en ocasiones haya tenido que matizarlas e incluso rectificarlas-, pero sí algunos de sus actos y decisiones políticas.
En estos últimos días, y de acuerdo con la ex ministra socialista del mismo ramo Trinidad Jiménez, actual diputada y portavoz del PSOE en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, García-Margallo ha activado por fin el reconocimiento de Palestina como Estado independiente (tan legítimo como el de Israel) al aceptar una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista instando al Gobierno a formalizarlo, aprobada el pasado 18 de noviembre de forma prácticamente unánime. Se emitieron 322 votos, de los que 319 fueron síes, dos noes (los de Agustín Conde y Celinda Sánchez) y una abstención (de Ricardo Tarno, también del PP).
De esta forma, España es el tercer país europeo, que se pronuncia en este sentido en las últimas semanas, tras las votaciones de las cámaras legislativas de Reino Unido e Irlanda. A finales de octubre Suecia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en reconocer el Estado Palestino y entablar relaciones diplomáticas bilaterales.
Otra noticia de marcada actualidad diplomática, vinculada conjuntamente a los ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia, ha sido la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados, el pasado 20 de noviembre, del Proyecto de Ley sobre concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, modificando a dicho efecto el artículo 23 del Código Civil, dándose traslado del mismo a la Comisión de Justicia al Senado. En caso de que la Cámara Alta no modifique el texto recibido, éste quedará aprobado, y si se introduce alguna enmienda, deberá volver al Pleno del Congreso para su aprobación definitiva.
Nada objetamos tampoco sobre la esencia de esta iniciativa respaldada por el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque sí criticamos profundamente su carácter discriminatorio con la comunidad de moriscos y saharauis. Un agravio que ya pusieron de manifiesto IU, ICV, EUiA y CHA durante la tramitación del Proyecto de Ley en el Congreso, denunciando en las correspondientes enmiendas su carácter discriminatorio y dejando en evidencia que el único objetivo de la reforma del Código Civil ha sido satisfacer las reivindicaciones del lobbyde la comunidad judío-sefardí.
Aún más, ERC ha acusado al Gobierno de mantener un vergonzoso olvido al no reconocer la vinculación especial que los territorios del Sáhara Occidental han mantenido con España (antigua provincia del Estado español), debiendo asimilar en consecuencia a los ciudadanos y ciudadanas saharauis a los “nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes” a efectos de la concesión de nacionalidad por residencia según lo establecido en el Código Civil español (art. 22). Una impresentable dejación muy mal vista en muchos círculos de la diplomacia internacional, incluyendo por supuesto a la mayoría de los diplomáticos de carrera españoles.
Para calibrar hasta dónde llega la incuria del Gobierno del PP en este tema (y en particular la del ministro Garcia-Margallo), baste leer el contenido de uno de los ‘telegramas’ que el agudo periodista Miguel Ángel Aguilar lanza habitualmente por la Cadena Ser, en concreto el del mismo 20 de noviembre dirigido a Barack Obama:
Señor Presidente de los Estados Unidos. El anuncio del decreto que evitará la deportación de millones de inmigrantes indocumentados, residentes en el país, se interpreta como una declaración de guerra por el partido republicano, mayoritario en el Congreso tras las elecciones del 4 de noviembre. Pero es un gesto de verdadero líder que marca la diferencia y nos reconcilia con la política. Será la gran redención de los hispanos y multiplicará su peso. Aquí, mientras, están bloqueados los expedientes de obtención de la nacionalidad española por 400 saharauis que la solicitan. ¿Por qué?
Y eso mismo se preguntan muchos españoles dentro y fuera del PP. ¿Será porque el ministro García-Margallo desconoce la historia de España…? ¿Será porque en vez de diplomático es Inspector Técnico Fiscal del Estado no ejerciente…? ¿Será porque no tiene claro el concepto de patriotismo…? ¿Será porque su Gobierno sufre algún extraño complejo de sumisión ante el monarca alauí, Mohamed VI..?
Difícil es la respuesta si, además, advertimos que a García-Margallo le gusta presumir nada menos que de ser sobrino-nieto de Juan García-Margallo y Cuadrado, capitán del laureado Regimiento de ‘Cazadores de Alcántara’ (hoy nº 14 de Caballería) fallecido en 1921 junto a otros 550 militares españoles cuando protegían el repliegue de las tropas españolas desde sus posiciones en Annual hasta Arruit, durante la Guerra del Rif o Segunda Guerra de Marruecos.
Lo que está cada vez más claro es el alineamiento del ministro español de Exteriores con las posturas de Marruecos en el conflicto del Sáhara Occidental. Aunque él lo niegue y haya llegado a afirmar que eso no es verdad; como ocurrió el 13 de noviembre de 2014 en una comida con periodistas en el Hotel Ritz de Madrid, en la que se aventuró a decir que el enviado personal del Secretario General de la ONU para el Sáhara, Christopher Ross, no iba a continuar con su labor mediadora, lo que no ha ocurrido.
Ya en junio de 2012, en Rabat, no se cortó un pelo criticando a Ross, al que Marruecos había retirado su confianza, algo que ni siquiera hizo Francia. García-Margallo dijo entonces que “debía avanzar más rápido y centrarse en los temas centrales en vez de perderse en los temas accesorios”. Aunque el 7 de marzo de 2014 sería más cauto, afirmando en Madrid al propio enviado de Ban Ki-moon que apoyaba su labor“esencial” a favor de una política “justa, duradera y mutuamente aceptable” que prevea “la libre determinación” del pueblo saharaui…
En esa línea sinuosa, en abril de 2013, España no apoyó la propuesta de Estados Unidos de incluir la vigilancia de los derechos humanos entre los cometidos de la misión de Naciones Unidas para el Sáhara, la MINURSO, secundando la postura francesa favorable a los intereses de Marruecos.
Y, aún más, ahí queda también la sospechosa ausencia de petición de explicaciones por parte de García-Margallo, o de presentación de protestas diplomáticas, cada vez que Marruecos expulsa a una delegación española del Sáhara Occidental, territorio del que, no hay que olvidarlo, España sigue siendo la potencia administradora. Por mucho que se busque, jamás las ha habido, NUNCA, ni siquiera cuando el afectado fue Willy Meyer (entonces eurodiputado de IU) o, incluso, con Rosa María Valdeón, miembro de la Junta Directiva Nacional del PP y alcaldesa de Zamora desde junio de 2007. Y no digamos menos del mal trato que Marruecos aplica a defensores de los derechos humanos, a los que ni siquiera les permite bajar del avión en el aeropuerto de El Aaiún.
Otra muestra de la actitud pro-marroquí que mantiene García-Margallo, olvidando a menudo que él es un ministro de España al servicio de sus propios conciudadanos, se dio en abril de 2013, cuando no apoyó la propuesta de Estados Unidos para incluir la vigilancia de los derechos humanos entre las funciones de la fuerza de Naciones Unidas en el Sáhara, haciendo un claro seguidismo de la postura francesa para que la MINURSO continúe siendo la única misión de la ONU sin cometido en esta materia, justo lo que quería el Gobierno de Marruecos.
